Dos son los pilares en los que se sustentan nuestro proyecto político, la defensa y recuperación del Estado Nación como garante de los derechos y libertades de nuestros compatriotas y un modelo económico opuesto a la reducción del mundo a un simple mercado único.
Sólo desde estos cimientos puede constituirse una alternativa, real y diferenciada, al modelo vigente que se conoce como Globalización o Mundialización.
El panorama político quedará, en último momento, reducido a dos frentes; los que consideran la pertenencia a una Nación como una necesidad para su existencia y como garantía de sus derechos, frente a los que creen que estas deben desaparecer, para articularse un mundo sin fronteras, sin diferencias y regido por un único gobierno mundial.
Cada una de estas concepciones generan modelos de sociedad enfrentados. Y cada una de estas concepciones generan y se sustentan en modelos económicos opuestos.
En los últimos años han surgido, cada vez con más fuerza, movimientos políticos en toda Europa, que han hecho de la reivindicación de la idea de Nación soberana su principal caballo de batalla. Estos movimientos y partidos han conseguido poner sobre la mesa temas de debate que hasta hace poco nadie ponía, y han conseguido con ello fuertes apoyos electorales. Y lo han hecho, además, a partir de un problema que ha abierto los ojos a millones de personas en toda Europa, la inmigración masiva e ilegal.
Pero el origen de estos problemas; inmigración masiva, pérdida de identidad, precarización de derechos sociales, delincuencia, disolución de las naciones en organismos internacionales, etc., nace de un modelo de sociedad al servicio de un modelo económico.
Por lo tanto el debate es otro; Mundialismo y su modelo económico, sumisión al mercado y liberalismo, frente a Nación y un modelo económico alternativo social patriota. Y este debate no se está dando, ni está sobre la mesa. Y este es el motivo por el que nacemos, para dar la batalla por un estado fuerte y soberano y un modelo económico alternativo.
Por un modelo económico alternativo frente a la globalización
Tras la caída del comunismo, se impuso en casi todas las economías mundiales un único modelo que ahora ha entrado en una profunda crisis. Un modelo basado en una concepción errónea del hombre y de la sociedad. Este modelo resulta ser el origen de muchos de los grandes problemas a los que hoy nos enfrentamos.
¿Cuáles son las características de este modelo?
La política económica está al servicio de grandes élites financieras. Pretende crear riqueza basándose en una economía especulativa. Encuentra en la inmigración masiva un método para abaratar la mano de obra, debido a que interpreta el trabajo únicamente como un coste más en el proceso productivo. Genera desórdenes financieros internacionales al tolerar la especulación en los mercados, incluso con derechos fundamentales como el de la vivienda. Provoca desastres ecológicos presentes y futuros hipotecando el porvenir del planeta. Fomenta la precariedad laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores, eliminando los límites en la búsqueda de beneficios y situándolos por encima de cualquier otro objetivo. Somete a las naciones al pago de deudas inviables que sólo benefician a los grandes Organismos Financieros Internacionales.
Las naciones han perdido su soberanía sobre la propia moneda, depositándola en manos de Bancos Centrales independientes del poder político. Esto ha traído como consecuencia las inevitables crisis financieras.
La aparición de nuevos productores en un mercado sin fronteras, ha supuesto la desaparición de gran parte de la industria. Las empresas locales son incapaces de competir con países donde los salarios, las condiciones de vida y el control sobre los procesos productivos son mínimos o inexistentes. Se han impuesto las tesis liberales que pretenden reducir todo a un mercado global. Un mercado en el que los Estados, las naciones y los pueblos, nada tienen que decir.
Todo esto nos ha llevado a una situación sin precedentes, cuyos síntomas no han hecho más que aparecer. Ya no se trata de una crisis cíclica de la economía, se trata del fin de un sistema.
El Estado Nación como garante de los derechos y la soberanía
Consideramos que toda nación ha de ser garante de los derechos y la soberanía de su pueblo. Debe poder dirigir su Política Económica, determinar su Política Monetaria, su Política Fiscal, su Comercio Exterior y los Derechos Laborales y Sociales de sus ciudadanos. La Política Económica de una nación no debe de estar sometida al funcionamiento de un Gran Mercado Global. La economía debe estar orientada al bien común y tener como objetivo último la consecución del llamado Estado de Bienestar.
Nuestro gran objetivo no es otro que el de lograr que todos nuestros compatriotas tengan acceso a un puesto de trabajo digno y en unas condiciones laborales acordes a los logros alcanzados durante años por nuestros padres y abuelos. Y en esta empresa hemos de tener presente, como límite del desarrollo industrial, el respecto a los derechos laborales del trabajador y a la tierra que dejaremos a nuestros hijos. Pretendemos un modelo económico social que garantice los derechos de las personas, frente a un modelo económico que sólo busca garantizar el funcionamiento del mercado. El modelo económico social patriota frente al modelo liberal.
Política monetaria
Nuestra incorporación a la Unión Europea ha supuesto la pérdida del derecho soberano de toda nación a la emisión de su propia moneda. Nuestra política monetaria y el establecimiento de los tipos de interés, o lo que es lo mismo, el acceso al crédito por parte de ciudadanos y empresas, dependen ahora de una entidad independiente ajena a la voluntad política. Esta entidad es el Banco Central Europeo.
Lejos de trabajar por el bien común, el Banco Central Europeo tiene fijada como principal tarea la lucha contra el déficit de los estados miembros y el control de la inflación. Resulta imprescindible que los estados recuperen el control de sus monedas para hacer frente a esta crisis.
Los mercados y la Banca Privada han esclavizado de por vida a miles de familias en nuestro país a través de créditos impagables, concedidos sin ningún tipo de garantías y acompañados de cláusulas especialmente abusivas. Para contrarrestar esta situación el Estado debe crear de una Banca Pública.
La Banca Pública no supone la desaparición de la Banca Privada. Estos dos modelos bancarios coexistieron en España hasta el año 1993. Fue entonces cuando poco a poco el Estado empezó a ceder su titularidad bancaria hasta concluir el proceso en 1998. En 1991 Felipe González comenzó la demolición del sistema bancario público español. El argumento empleado fue el aumento de la competencia derivado de la instauración de la libertad de movimientos de capital en el espacio de la Unión Europea, que junto con la libre prestación de servicios financieros, implicaba una pretendidamente necesaria reestructuración de las Entidades Públicas de Crédito.
El sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado. Al sector privado se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su propio dinero. Paradójicamente, ha sido el sector financiero el que ha reclamado la intervención estatal para sanear su situación. Aunque eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden que el Estado les saque del atolladero y que tapen con dinero público los agujeros que han acumulado en sus balances. La Banca Privada se ha quedado con el dinero de los ahorradores y las inversiones arriesgadas han provocado la bancarrota.
La existencia de una Banca Pública fuerte, dedicada a garantizar el flujo de financiación a la actividad productiva y no a la especulación ni a la búsqueda de beneficios fáciles pero muy arriesgados, es hoy en día imprescindible. Créditos a un interés mínimo a PYMES o autónomos y facilidades de pago a trabajadores de clase media para la financiación de la compra de vivienda, deben ser los objetivos de esta Banca Pública libre de intereses especulativos.
La creación de la Banca Pública debe ir acompañada con la penalización de la usura. El delito de usura fue retirado del Código Penal en 1995, fecha muy cercana al comienzo del desmantelamiento de la Banca Pública por parte de los socialistas. Gracias a esta despenalización, en los años de la burbuja inmobiliaria los intereses abusivos y las altas comisiones bancarias se adueñaron de la economía, arruinando a trabajadores y pequeños ahorradores. Los culpables aún no han respondido ante la Justicia.
Política fiscal
La esencia de la Política Fiscal es recaudar el dinero necesario para asumir los gastos del Estado. Con estos ingresos debe redistribuir la renta hacia los más desfavorecidos y asegurar el acceso a derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.
Pero lo cierto es que la corrupción generalizada, la mastodóntica administración del Estado y de las distintas Autonomías, la desconfianza hacía una clase política llena de elevados sueldos y prebendas, así como los recortes en derechos fundamentales como sanidad, educación y vivienda, han hecho que el fraude fiscal y la desconfianza reinen, rompiendo la cohesión social.
Por un lado consideramos fundamental abordar la Reforma del Estado para volver a ganar la confianza de nuestros compatriotas. La reducción del gasto público que supondría esta reforma, unida a la reducción de impuestos directos sobre el consumo, permitirían una política fiscal más justa.
Esta reforma del estado ha de ir acompañado de una revisión del modelo autonómico español en su actual concepción. El principal gasto económico de nuestro estado se encuentra principalmente en el derroche del estado de las autonomías, por lo que debemos de apostar por un modelo descentralizado en cuanto a la organización del estado, pero no en un modelo descentralizado del poder político creando otros mini 17 gobiernos dentro de nuestro estado. Además debemos de apostar por la reducción de la burocracia, disminuir carga publica en cantidad de sueldos que emanan del estado y la clase política, reducción de salarios de cargos políticos, etc.
La política fiscal es un aspecto fundamental a la hora de definir el modelo de sociedad que queremos, actualmente los partidos políticos la abordan de una forma simplista y tramposa dedicándose sólo a subir o bajar impuestos sin precisar cuáles. La fórmula “mágica” que históricamente se ha aplicado en nuestro país han sido las típicas medidas populistas de bajada de impuestos masivamente, incluyendo también las de las rentas altas, que conllevan una bajada de recaudación y después los recortes sociales que conllevan a la degradación de los servicios públicos, acentuando aún más la nefasta situación económica y social.
Por lo que además de la reforma del estado hay que apostar por una fuerte reforma fiscal progresiva en España que acabe con la brecha de las rentas del capital y las del trabajo en el IRPF, que perjudica a las últimas, además debe de ser una prioridad la lucha contra la evasión fiscal, además de evitar que las grandes corporaciones, multinacionales y plataformas tecnológicas dejen de encontrar fórmulas legales para la elusión fiscal y deslocalización, por el grave perjuicio que causan a nuestro Estado Social.
Política laboral y social
Como ya hemos señalado, para el actual modelo económico la mano de obra es concebida como un coste más en el proceso productivo. Toda la política laboral desarrollada por los distintos gobiernos, del signo que sean, ha supuesto salarios más bajos y empleos más precarios.
El boom de la construcción unido a la renuncia a sectores fundamentales de nuestra economía para poder ser aceptados en la Unión Europea, ha supuesto que la actividad económica de nuestra nación se haya circunscrito a los sectores menos valorados, que además son los más expuestos a los vaivenes especulativos de la economía.
Si a esto le añadimos la escasa cualificación que estos sectores requieren, nos encontramos con la aparición de un paro estructural endémico y de difícil solución. Empeorado con una de las mayores tasas de desempleo de todos los países de nuestro entorno.
Es necesaria la recuperación de sectores abandonados de nuestra economía y la renegociación de nuestro papel en Europa. España debe recuperar la agricultura y la ganadería, liquidadas por las cuotas de producción y subvenciones de la Unión Europea. La administración debe lograr que el desempeño de una actividad profesional en el entorno rural resulte atractivo. Es imprescindible una política de bonificaciones fiscales y un plan nacional que permita recuperar en este ámbito miles de puestos de trabajo.
En Mayo de 2013, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón declaraba que “cada joven que se incorpora a la agricultura genera ocho puestos de trabajo indirectos en el medio rural”. Esto supone un importante nicho de empleo que permitiría reducir el desempleo en el país y confirma el argumento de que recuperar el sector primario, es beneficioso para el conjunto de la nación.
Recuperando este sector nos aseguramos la soberanía alimentaria de España, actualmente puesta en peligro por países como Marruecos. Además solucionamos el problema de relevo generacional que el sector necesita. España debe convertirse en el granero de Europa y aprovechar sus excepcionales condiciones climatológicas y geológicas que garantizan la producción de género de alta calidad.
En cuanto al sector secundario (industria, minería, construcción o energía), es necesaria la creación de empresas nacionales cuyos beneficios repercutan directamente en las arcas públicas.
De esa forma se cumplirían objetivos como la creación de empleo a través de la economía productiva. Se recuperarían productos nacionales cuya producción se había deslocalizado.
Y se obtendrían beneficios que irían directos a las arcas públicas y ayudarían a garantizar el bienestar social, evitando así que toda la carga económica recaiga sobre los contribuyentes.
La empresa nacional debe ser controlada por el Estado y por sus organismos, que intervienen directamente en sus actividades económicas. Aunque debido a sus características su objetivo natural sea cubrir demandas en la Nación, no debe descartarse destinar parte de su producción a la exportación, siempre que el tráfico de la mercancía fuese viable y repercutiera beneficios.
Comercio exterior
El proyecto de la globalización y del mercado único ha supuesto la destrucción de nuestra economía productiva. Nos enfrentarnos a una competencia desleal de productos provenientes de países cuyos costes de producción son mucho más bajos debido a sus salarios de miseria y a la ausencia de costes de reparación ambiental.
Es necesaria la implantación de aranceles que eviten que productos fabricados en estos países, entren libremente en los países de la Unión Europea.
Esta medida evitaría la deslocalización masiva que están sufriendo las empresas españolas y europeas en general. Empresas que están acudiendo a países del tercer mundo a llevar su producción, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.